En un comunicado los arqueólogos señalan que la compañía organizadora, ‘Amaury Sport Organisation’, ha sido eximida de sus actos ‘ilícitos’ por parte de las autoridades y critican que en las ediciones de 2011 y 2012 se eliminaron las medidas de compensación.
Este gremio indica que la falta de castigo por parte del gobierno se debe a que el Rally es ‘una actividad auspiciada por un organismo del Estado, el Instituto Nacional del Deporte (IND)’.
‘El Rally Dakar está destruyendo algo más que patrimonio ambiental o arqueológico. Está poniendo en jaque a todo un sistema de protección político/jurídico’, aseguró Paola González, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos.
Añadió González que les parece ‘incomprensible’ que el Gobierno chileno ‘permanezca inactivo’ frente a la destrucción de su patrimonio.
‘¿Por qué se permite que una empresa extranjera vulnere nuestra institucionalidad penal y ambiental?’, se pregunta.
Los arqueólogos chilenos apuntan que también acudieron al poder judicial y que, a pesar de la existencia de documentos oficiales que ‘acreditan la destrucción y daños graves a sitios arqueológicos’, las acciones legales contra la carrera fueron desestimadas ‘sistemáticamente’.
Según el comunicado, en 2009 se produjeron daños graves en seis sitios, emplazados en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el desierto chileno, mientras que en la edición 2010 se dañaron 52 enclaves arqueológicos.
Los arqueólogos aseguran también la presencia de daños en 126 sitios patrimoniales el año pasado y que, tras varias evaluaciones, consideran que el Rally Dakar es ‘una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país’. No hay informes de la carrera de 2012.
Por último, el gremio hace un llamamiento al poder legislativo para que proteja el ‘patrimonio cultural chileno’ y actúe ‘con sentido de Estado’, después de la decepción producida por el judicial y ejecutivo.