El medioambiente, eje de las propuestas fiscales para el automóvil
A modo general, y dentro de las actuaciones promovidas en una posible nueva gestión del IVA, se propone el tipo reducido del 10 % para un pequeño número de sectores, entre ellos el del transporte.
La propuesta principal sobre medioambiente hace hincapié en que los distintos impuestos de tipo ecológico se diversifiquen en un gravamen sobre la energía y otro sobre el dióxido de carbono (CO2) emitido.
Dicha acción se complementaría con un equiparación de los tipos de gasóleo y gasolina en un periodo de tiempo todavía por definir.
En lo que puede afectar a la movilidad eléctrica, las propuestas de los expertos se orientan a sustituir la base imponible del Impuesto de Electricidad por el número de kilovatios/hora consumidos, así como limitar las exenciones y reducciones en este impuesto e integrar en el mismo el que recae sobre el valor de producción de energía eléctrica.
Las recomendaciones inciden también en la supresión de impuestos promovidos por las autonomías sobre las emisiones de dióxido de carbono ‘por imposibilidad de cumplir con sus fines’.
Otra actuación medioambiental vinculada al automóvil es el mantenimiento del impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
Los expertos abundan en su informe en una unificación de los impuestos y tasas sobre el transporte y las infraestructuras que corresponden a cada modalidad.
De esta forma, se aboga por la sustitución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el de determinados Medios de Transporte, conocido como Impuesto de Matriculación, por un nuevo gravamen centrado en el uso de estos vehículos.
El nuevo modo operativo de este impuesto al uso se recomienda, en el caso de la cuota, que dependa de las emisiones de CO2 que haga cada vehículo.
La regulación sería competencia estatal e idéntica para todos los municipios y Comunidades Autónomas, dentro de ese objetivo de unidad de mercado que se pretende con este esbozo de reforma fiscal.
No obstante, el impuesto se gestionaría por las corporaciones locales y en la recaudación participarían las Comunidades Autónomas.
Los expertos aluden en su informe a la necesidad de exigir unas denominadas ‘tasas de congestión’ por circular en ámbitos urbanos de régimen especial o en los casos histórico artísticos de las mismas.
A la parte fabril, entre las que se encuentra como sector destacado en España el automóvil, se subraya una devaluación fiscal de las cotizaciones sociales para aumentar el empleo, mediante el abaratamiento de los costes laborales sin que puedan afectar a los salarios.
Una acción semejante, requiere previamente, como se pone de manifiesto en el informe, que se haya estabilizado la financiación de las pensiones, una mejora en la eficiencia del mercado laboral para evitar que los menores costes sirvan para aumentar los salarios y que existe el suficiente grado de competencia que evite que los más bajos costes salariales aumenten márgenes empresariales sin incidir en el empleo.