Los conductores critican el ‘afán recaudatorio’ de la futura Ley de Tráfico
La Comisión de Interior de la Cámara baja ha dado hoy luz verde a la reforma de la citada ley, que ahora pasará al Senado, y ha suavizado las multas por consumo de alcohol al volante, que, frente al proyecto inicial, sólo serán de mil euros si la tasa duplica la permitida o si se es reincidente.
Para Devuelta, se trata de una ley ‘hecha a medida de las necesidades recaudatorias de la DGT y los ayuntamientos, seriamente resentidos por la crisis económica’, y ha destacado que la DGT ha visto mermados sus ingresos por multas un 30 % debido a la caída de desplazamientos por carretera.
Ha explicado que algunas multas, precisamente las que ya eran más caras, se doblan en determinados casos, pasando de 500 a 1.000 euros, lo que supone ‘una oportunidad perdida para atacar de frente el problema del alcohol al volante y que deja la aparente firmeza de la tolerancia cero con la bebida y la conducción en un ‘permitimos que el conductor beba, porque así podemos sacarle dinero’.
Critica asimismo que el texto prohíba el uso de detectores de radar, cuando se aprobó hace cuatro años para evitar riesgos a los conductores, y que ‘nadie sepa cuándo subirá el límite a 130 en autovías, pero se apruebe con carácter inmediato la bajada de velocidad en carreteras secundarias’.
En opinión de Devuelta, ‘el artificial debate sobre el casco para los ciclistas es el ‘atrezzo’ perfecto para adornar una nueva vuelta de tuerca represiva a los conductores’.
Por eso Devuelta ha anunciado que presentará un recurso ante la DGT en el que instará a la Administración a que revise de oficio todos los expedientes sancionadores por exceso de velocidad en los que se hayan denunciado infracciones por sobrepasar los 120 kilómetros por hora en los tramos en los que finalmente se suba ese límite a 130.
También se ha pronunciado sobre la ley, en un comunicado, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que cree que ‘bajo la bandera de la seguridad vial existen determinadas modificaciones en el proyecto de ley inicialmente aprobado que tienen una clara finalidad recaudatoria y suponen una merma de las casi inexistentes garantías jurídicas de los automovilistas’.
AEA critica el artículo relativo a la notificación de las denuncias, en el que según explica se justifica que la notificación se cumplimente posteriormente a la infracción ‘cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de regulación del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo’.
‘Esa modificación de la ley no tiene nada que ver con la seguridad vial sino con la facilidad de recaudar más multas mediante la imposición indiscriminada de sanciones sin ninguna garantía y con la posibilidad de que los ayuntamientos tengan que anular y devolver cientos de miles de multas impuestas ilegalmente durante años’, ya que AEA recurrió una ordenanza de Madrid que está pendiente de resolución del Tribunal Supremo.
Por su parte, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) ha agradecido el esfuerzo de los grupos políticos para avanzar en la tramitación de una ley que mejorará la seguridad vial.
DIA ha apoyado la prohibición de utilizar detectores de radares porque ‘son un sistema más para burlar la vigilancia de la velocidad’, pero se ha mostrado contraria a que no se multe a cualquier persona que dé cualquier cifra positiva por alcohol y a que no se obligue a llevar el casco a ciclistas siempre.
Tampoco está de acuerdo en incrementar hasta 130 kilómetros por hora la velocidad en algunos tramos de autopistas y autovías, ya que ‘a mayor velocidad, mayores son las consecuencias de los accidentes’.