La Dirección General de Tráfico advierte de que los nuevos peajes pueden aumentar la siniestralidad
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, avanzó el pasado lunes que la DGT ya tiene decidida una reducción de la velocidad máxima en las carreteras convencionales, las más peligrosas, de 100 a 90 kilómetros por hora.
De forma paralela, Tráfico estudia implantar límites variables de velocidad máxima, por tramos y en función de la climatología y otros factores, en las autopistas y autovías de toda España antes de finalizar este año.
Para aplicar esta medida, en la que Cataluña fue pionera en 2008 en los accesos a la ciudad de Barcelona, Fernández Díaz ha explicado que se vigilarán los tramos de las autopistas y autovías y se tendrá en cuenta el estado del asfalto, la climatología o la circulación.
‘No es lo mismo conducir en una autopista o en una autovía con niebla, con lluvia, con tormenta, a oscuras o en un día soleado espléndido, el nivel de riesgo no es el mismo’, ha argumentado.
Además, el nuevo Reglamento General de Circulación que prepara la DGT establecerá un nuevo límite de 30 kilómetros por hora en determinadas áreas residenciales, zonas en las que ahora se puede circular a 50 kilómetros por hora.
En su comparecencia ante la Cámara Baja, se prevé que Seguí informe también de los avances alcanzados hasta el momento en su objetivo de afinar las estadísticas oficiales de siniestralidad de forma que se computen todas las víctimas mortales, tanto en ciudad como en carretera y a 30 días desde el siniestro.
Se trata, según ha avanzado la responsable de la DGT, de conocer, con datos reales y no estimaciones, el número exacto de personas que resultan heridas en un accidente y después fallecen en el hospital, y que hasta ahora no se contabilizaban en los indicadores adelantados de siniestralidad.
En una anterior comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para informar de los presupuestos de la DGT, Seguí reconoció que se había producido una ‘ligera’ reducción en el número de sanciones de velocidad a consecuencia de la falta de mantenimiento en los 750 radares existentes en las carreteras, ‘muchos de los cuales han dejado de funcionar este último año’ .
Según consta en los Presupuestos Generales del Estado, Tráfico prevé tramitar este año 3,8 millones de denuncias y recaudar por multas y sanciones 409 millones de euros.