Los fabricantes de coches piden aliviar un marco regulativo excesivo

La afirmación partió del vicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac), Mario Armero, durante la celebración de un foro con la consultora PWC, presidido por el ministro de Industria, José Manuel Soria.

La queja expresada por Armero forma parte de las propuestas de la industria automovilística española de un plan industrial para España y Europa, y en la misma, Armero, abogó porque no se cargue más de regulación a este actividad, ‘pues de ello depende buena parte de nuestra competitividad’.

El ejecutivo de Anfac reclamó la necesaria reindustrialización de España y Europa, pues, no hay modelo productivo fuerte sin este sector, al tiempo que denunció la caída del peso de este sector en el PIB en casi todo el continente, con la excepción de Alemania.

Soria contestó a las reivindicaciones de Anfac, alegando que ‘sin una base industrial sólida será difícil sentar las bases de la recuperación y de la generación de empleo’.

El ministro aludió a la necesidad de acomodar las condiciones regulatorias de la industria en general, y del automóvil en particular, en Europa, a las prácticas de países de economía emergente como China, India y Brasil, porque mayores exigencia por parte del viejo continente provocarán la deslocalización aquí y la relocalización allí.

Armero enumeró numerosas propuestas concretadas en el sector del automóvil para potenciar el sector industrial en España y en Europa en el horizonte del año 2020 e, incluso, con el objetivo puesto en el final de la actual legislatura.

Dichas actuaciones se centraron en la política exportadora, en la que consideró la aplicación de ‘reglas de juego claras y equilibradas’ en los tratados comerciales con otros países.

La logística, que supone un 10 % en la estructura de costes de la producción automovilística, avanza, gracias a las modificaciones introducidos en los modos de transporte ferroviario y marítimo, pero pidió tomar de posiciones en los grandes convoyes o ‘megatrucks’, con lo que, en conjunto, podría reducirse un punto porcentual en esa implicación de costes y avanzar en competitividad.

Los costes energéticos constituyen para el sector del automóvil otro marco de necesaria actuación, de modo que, ajustar las diferencias entre EEUU y Europa, y Europa y España, es un factor clave en la estrategia productiva de las marcas españolas.

Una reindustrialización se hará imposible sin un mercado fuerte y aquí surgió la evocación a los resultados de los planes de estímulo a la demanda y las importantes logros económicos obtenidos, lo que llevó a Armero a pedir ante el ministro un PIVE 6, para ‘crecer este año por encima de lo previsto’.

La reforma laboral y el grado de acuerdo entre los agentes sociales fueron citados como puntos fuertes de la industria automovilística española en el momento actual, pero se insistió en profundizar sobre modelos de mayor flexibilidad contractual.

Armero apuntó cifras que ponen de manifiesto el valor de la industria automovilística española como los 30.000 millones de euros (el 3 % del PIB) del importe actual de la producción y los 20.000 millones empleados en compras a proveedores españoles.

La formación es también palanca importante de actuación y, sobre la misma, Anfac, defiende el pleno protagonismo de la empresa en el diseño de los cursos, al tiempo que urgió a eliminar rigideces burocráticas que demoran la puesta en marcha de las enseñanzas y que pueden inhabilitar acciones muy necesarias en este campo.

Aludió a una serie de iniciativas públicas resumidas en planes de renovación para otros segmentos automovilísticos como el vehículo eléctrico o los industriales, reformas en la financiación y en la fiscalidad, planes de competitividad y fondos europeos para I+D y actuaciones en la posventa por medio de la liberalización de la ITV y la persecución de los talleres ilegales.

Armero concluyó que ‘si se siguen las medidas propuestas en logística, flexibilidad laboral y formación, en los próximos meses se pueden doblar los 3.500 millones de euros ya comprometidos en inversión productiva.

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