Competencia ve discriminatorio el nuevo sistema público de contratar coches
En su informe advierten de que es necesario encontrar un equilibrio entre las iniciativas para lograr un mayor ahorro en los recursos públicos -que comparten- y el respeto a los principios de competencia efectiva que van a facilitar una eficiencia futura.
El pasado enero Hacienda informó del próximo contrato marco que el Ministerio diseña para la adquisición centralizada de vehículos destinados al sector público, enmarcado en las medidas aprobadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Al respecto, la CNMC pide que para acudir a un concurso se elimine la obligación de reunir la condición de fabricante o empresa filial de los productos ofertados, o de contar con la autorización del fabricante o distribuidor para el mantenimiento de los productos.
Estos requisitos restringen ‘injustificadamente’ la concurrencia, dicen, mientras que deja ‘peligrosamente’ en manos de los fabricantes la capacidad de reducir la oferta de licitadores, si es que deciden su participación en el proceso.
Además, ven ‘excesiva’ la cifra mínima exigida de volumen global de negocios acumulado en tres años para los licitadores (25 millones de euros), pues deja fuera a operadores que podrían realizar ofertas, y también ven exagerados ciertos requisitos de solvencia técnica y profesional.
También recomiendan optar por un sistema dinámico de adquisición, de manera que a lo largo del periodo de vigencia de los acuerdos puedan incorporarse otros operadores interesados, así como reducir al mínimo imprescindible la duración de tales contratos.
Por otro lado creen que debería prescindirse del criterio territorial (se exige un mínimo de centros de asistencia técnica por región) por otro que garantizara una adecuada prestación y calidad de los servicios contratados.
Otras cuestiones que recomiendan mejorar son la ‘confusa’ y ‘contradictoria’ redacción de los pliegos, y no alterar el ‘principio de neutralidad tecnológica’ a través de preguntas que sólo pueden ser contestadas con ‘sí’ o ‘no’ en las solicitudes.
La idea del Gobierno es atender especialmente las necesidades de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Tráfico, agregando las compras de automóviles que hacen algunos organismos para obtener mejores precios.
La licitación se realizará en dos fases, en la primera se seleccionarán los vehículos con una mejor oferta para la administración desde el punto de vista económico, técnico y medioambiental.
Después se hará una segunda licitación para elegir los más eficientes.
El contrato tendrá una duración de dos años, prorrogables a otros dos, y podrá llegar a un importe de 90 millones de euros.