La industria española aplaude el rechazo del PE a cambios en comercio de CO2

En opinión de la Alianza, cuyas empresas representan un tercio del OPIB español, estos cambios hubieran puesto en peligro la competitividad de la industria europea, el empleo y el crecimiento.

Esta alianza explica en un comunicado que el aumento del precio de la tonelada de CO2 que persigue la Comisión Europea interviniendo en el mercado del comercio de derechos de emisión hubiera aumentado los precios energéticos y creado un desequilibrio competitivo entre las industrias intensivas en energía de la UE y otras zonas geográficas.

Por ello, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, uniéndose a las acciones emprendidas por su homóloga en Europa, había solicitado a los Parlamentarios y a los representantes de los estados miembros para que votasen en contra de esta propuesta, que de haber sido aprobada hubiera potenciado la llamada fuga de carbono, es decir, la deslocalización de la industria europea.

El desacuerdo existente entre la Comisión de Industria y la de Medio Ambiente del Parlamento Europeo sobre la retirada -y posterior devolución años después- de derechos de emisión para aumentar su precio (conocido como backloading) que ha propuesto la Comisión Europea, se ha dirimido en una votación, realizada ayer, sobre la propuesta en el pleno del Parlamento Europeo.

La Alianza de Industrias Intensivas en Energía, que actualmente representa a más de 30.000 empresas y que emplea directamente a más de 2,5 millones de personas en la UE, había solicitado al Parlamento Europeo que rechazase esta propuesta.

La organización europea argumentaba que un incremento de los precios de los derechos de emisión aumentaría los precios de la electricidad.

En España, asegura la Alianza española, los costes eléctricos son anormalmente altos respecto a los de los países con los que la industria nacional debe competir.

El backloading de derechos de CO2 llevaría a un nuevo incremento en el precio final de la electricidad dado que el mayor coste de los derechos de CO2 será trasladado íntegramente por las empresas eléctricas al precio de la electricidad.

Y la creciente inestabilidad regulatoria retrasaría la recuperación económica, al ahuyentar las inversiones. La industria europea lleva casi cuatro años enfrentándose a la recesión, lo que ha provocado el cierre de muchas plantas.

En esta coyuntura, la UE debería evitar intervenciones en el mercado que agraven esta situación, al tiempo que la Alianza considera necesario que este tipo de medidas vengan acompañadas de un amplio estudio de impacto económico, que defina la afectación que sufrirá la industria en sus resultados.

La propuesta es, además, innecesaria porque los objetivos se van a cumplir en cualquier caso, debido a la crisis económica, y en este momento, el precio de la tonelada de CO2 es el reflejo de esta crisis.

La Alianza insiste en la necesidad de disponer de un marco regulatorio estable, que permita realizar las inversiones necesarias, así como rechazar cualquier intervención en el mercado que se debe regir únicamente por las leyes de oferta y demanda en la determinación de sus precios.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por las asociaciones Anfac, Aop, Aspapel, Feique, Oficeme y Unesid, representa a los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de la economía y el empleo en España, generando 1,7 millones de empleos directos, indirectos e inducidos.

Conjuntamente, las empresas de la Alianza realizan el 50 % de las exportaciones españolas, el 40 % de las inversiones en I+D+i y el 70 % de la inversión en protección del Medio Ambiente.

Las empresas de la Alianza generan un tercio de la Cifra de Negocios industrial con una facturación anual de 150.000 Millones de euros.

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