Absuelta la exedil del PP acusada de tráfico de influencias
Un jurado popular emitió, con ocho votos a favor de sus nueve miembros, un veredicto de no culpabilidad de la acusada respecto del delito que le imputaban la fiscalía y la acusación particular.
El fiscal solicitó para la exconcejala una pena de siete meses de prisión y una multa de 10.418 euros, además de una pena de siete meses de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según la sentencia de la Audiencia madrileña, el jurado popular ha considerado no probado que en julio del año 2005, a causa de la presión de la procesada, la gerente del Distrito de Latina, Elena Fernández Cruz, cambiara de postura y accediera a firmar la adjudicación a la empresa Urbasa de un contrato por un importe de 10.418 euros.
La gerente se negó inicialmente a firmar la adjudicación del contrato a Urbasa al haber llegado a su conocimiento que la administradora de la empresa Urbasa, la arquitecta Beatriz Barrachina, era cuñada del jefe de Servicios Técnicos del Distrito de Latina, Borja Ballarín, que había intervenido en la tramitación del expediente de contratación.
No ha quedado acreditado, según la resolución, que la presión ejercida por la acusada fuese ‘idónea y con entidad suficiente’ para alterar el proceso de valoración y ponderación de intereses que debía tener en cuenta la gerente.
El jurado ha considerado no probada la existencia en la acusada de ‘un interés espurio, integrado por motivaciones ajenas a los intereses públicos’, puesto que no obtuvo un beneficio económico para ella o para una tercera persona.
La sentencia destaca que la finalidad de su actuación era garantizar la realización de las obras en el centro docente antes de la conclusión de las vacaciones escolares, esto es, el aseguramiento de la reanudación a tiempo de la actividad docente, lo que constituye ‘un objetivo de indudable interés público’.
Durante el juicio que se celebró el pasado mes de abril, María Nieves Sáez de Adana aseguró que ‘jamás’ presionó a una gerente municipal para que firmara el contrato de obras del colegio, que adjudicó a la cuñada del entonces jefe del departamento técnico de la Junta de Distrito.
‘Yo, presiones a los funcionarios no las he realizado jamás’, afirmó Saez de Adana, quien dijo que no recordaba haber tenido con la gerente, Elena Fernández Cruz, una conversación en la que ésta le habría mostrado sus reticencias a adjudicar el contrato del colegio a la arquitecta Beatriz Barrachina, cuñada del entonces jefe del departamento técnico de la Junta, Borja Ballarín.
Sáez de Adana apuntó que si la conversación hubiera tenido lugar, ella le habría dicho a la gerente que su obligación era firmar porque, en ese momento, su máxima preocupación era que el colegio estuviera acabado en septiembre para que los niños pudieran ‘jugar sin andamios por medio’.